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25 de Marzo de 2006
Violento Escrache a Martínez de Hoz
Crónica
25 de Marzo de 2006
Denuncia penal contra Quebracho
Crónica
25 de Marzo de 2006
Quebracho atacó a Kavanagh - Militantes de ultraizquierda atacaron edificio donde vive Martínez de Hoz
Crónica
21 de Mayo de 2010
Martinez de Hoz - Trofeo para el bicentenario, y despues...su muerte?
Clarín
4 de Mayo de 2010
Martínez de Hoz, detenido y trasladado a una clínica
4 de Mayo de 2010
Martínez de Hoz, detenido y trasladado a una clínica
15 de Julio de 1988
Libertad para "Joe"
Crónica
Septiembre de 1984
Ahora Joe
La Voz
18 de Noviembre de 1984
Fue Excarcelado El Dr. Martínez de Hoz
La Nación
11 de Noviembre de 2000
Juicio por la deuda externa al congreso
La Nación
18 de Mayo de 1988
Causa Austral
La Nación
12 de Junio de 1980
La culpa de todo la tiene Martínez de Hoz
Revista Gente
25 de Febrero de 1983
¿Castigo o chivo emisario?
Revista Somos
21 de Septiembre de 1990
Sobreseimiento caso Italo
La Prensa
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José Alfredo Martínez de Hoz ha sido, sin duda alguna, la persona más investigada de la historia argentina. Ningún otro ciudadano –haya sido funcionario público, empresario, militar o simple particular- fue tan examinado como él en su patrimonio, su gestión gubernamental y su vida privada, a punto que llegaron a impulsarse contra el ex ministro más de 12 causas penales luego de concluida su gestión como Ministro de Economía en 1981. En ninguna de dichas causas, sin embargo, se imputó a Martínez de Hoz actos de deshonestidad o enriquecimiento personal. Más bien, se utilizó a la justicia para canalizar por vía de acciones penales lo que en rigor constituían cuestionamientos a la política económica o decisiones de gobierno o a lo que él representaba en términos políticos.
Entre 1982 y 1986, se investigó intensamente el supuesto “vaciamiento” de YPF (la empresa estatal petrolera), en un procedimiento donde iba a parar todo lo que “olía a petróleo”, como decía el fiscal actuante, y en el que el juez federal, para adquirir notoriedad, dispuso en diciembre de 1982 el procesamiento de Martínez de Hoz y, a las cuarenta y ocho horas, renunció y dejó el país. También se lo investigó en relación a la deuda externa. En la causa Austral Líneas Aéreas, se objetó al ex ministro, la estatización de la línea aérea que se realizó ante la inminente quiebra de la empresa a fin de garantizar la continuidad del servicio con vistas a su posterior privatización. En todas estas causas judiciales, Martínez de Hoz fue sobreseído definitivamente por la justicia con jueces designados después del retorno de la democracia.
Paralelamente, el caso de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (cuya “argentinización” había sido anunciada por la Presidente Isabel Martínez de Perón en 1975 y cuyo traspaso al Estado se completó durante el gobierno militar) adquirió especial notoriedad con la publicitada actuación de la Comisión Investigadora Parlamentaria de la Cámara de Diputados (1984/85) ante la cual Martínez de Hoz declaró en dos oportunidades; durante 12 horas. A pesar de que al asumir el cargo de ministro Martínez de Hoz se había excusado de intervenir en las negociaciones relativas al traspaso de la “Italo” al Estado (excusación que le fue aceptada y cumplió), y de haber demostrado su inocencia en dicha declaración ante la Comisión Investigadora, se lo encarceló brevemente por este caso y se inició una causa penal. Martínez de Hoz fue absuelto en este caso varios años más tarde.
Asimismo las pericias demostraron que el precio pagado por el Estado fue razonable.
La propaganda política, pero muy especialmente la impulsada por el gobierno de los Kirchner, no podía tolerar que Martínez de Hoz resultara inocente de todas las imputaciones cuando se realizaban denuncias que afectaban sobre sus propios funcionarios. De ese modo, y presionando sobre el Poder Judicial, los viejos enemigos del ex ministro (en particular quienes en los años ’70 desde las organizaciones terroristas ERP y Montoneros habían intentado matarlo varias veces que ahora ocupaban altos cargos en el gobierno), y otros que se sumaron por conveniencia o simpatía ideología, impulsaron una cantidad de acusaciones que constituyen una colección de atrocidades jurídicas.
Incluso, después de 2006, se reabrieron juicios que ya estaban cerrados con fallo exculpatorio, en violación a las más elementales garantías constitucionales.
Muchas aberraciones judiciales fueron cometidas en nombre de la supuesta defensa de los derechos humanos, sólo para violar los derechos humanos de Martínez de Hoz. Paradójicamente, la nueva ola de persecuciones fue efectuada por jueces que desde la tribuna hacen ostentación de un respeto absoluto a las garantías de un Estado de Derecho, pero que, a la hora de satisfacer al poder político, en el caso de Martínez de Hoz, pisotearon todo lo que en otros espacios habían escrito, y así violaron las leyes y la Constitución.
Como se explicó, en los años ’80, Martínez de Hoz fue objeto de más de una decena de investigaciones penales. Nunca dejó el país ni se negó a dar explicaciones. En todas estas causas penales, Martínez de Hoz fue sobreseído o exculpado después de largos años de profunda investigación. Como no pudo hallarse en Martínez de Hoz un solo indicio de deshonestidad, el gobierno de los Kirchner buscó involucrarle en “delitos de lesa humanidad”, a pesar de que el ex ministro de Economía jamás tuvo relación alguna con las medidas de contrainsurgencia –legítimas o ilegítimas- que se adoptaron entre 1976 y 1983. La acusación de delitos de lesa humanidad ha sido un recurso para evitar el hecho que las nuevas acusaciones estaban prescriptas y procurar el encarcelamiento de Martínez de Hoz. De ese modo, antiguos expedientes, clausurados, fueron desempolvados y, sin una sola prueba adicional, se acusó en ellos a Martínez de Hoz de delitos respecto de los cuales los tribunales de la democracia habían decidido, 25 años antes, que era completamente ajeno.
Incluso se ha llegó al absurdo de iniciar causas contra Martínez de Hoz acusándolo de delitos de lesa humanidad por hechos ocurridos con anterioridad a su gestión ministerial. Tal es el caso de la causa Acindar en que se imputa a Martínez de Hoz haber conspirado en 1975 con el gobierno de Isabel Martínez de Perón para encarcelar a activistas sindicales en Villa Constitución donde se encuentra la planta de Acindar, empresa de la cual fue presidente hasta asumir el cargo de ministro de economía en marzo de 1976. Ello no obstante que Martínez de Hoz jamás tuvo, en ninguna época, autoridad alguna sobre fuerzas policiales, militares o de seguridad, ni siquiera ejercía cargo público alguno en dicha época (1975) ni tenía ningún tipo de relación con el gobierno anterior..
Una cronología sinóptica demuestra además que las causas contra Martínez de Hoz cobraron impulso cada vez que el gobierno de los Kirchner atravesaba por especiales situaciones políticas, fueran ellas de euforia o adversidad. Algunos de los expedientes tomados como excusa para la persecución del ex ministro fueron:
Gutheim, Casariego de Bel y Saiegh.
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Una grosera violación de los derechos humanos (de Martínez de Hoz) en nombre de los derechos humanos:
En 1988, durante la democracia, la Cámara Federal concluyó que Martínez de Hoz era
ajeno a los hechos imputados. Casi 22 años después, en mayo del 2010, sin ninguna
prueba o elemento de ninguna especie, salvo la presión explícita de los Kirchner, el Juez
Oyarbide dictó la prisión preventiva efectiva de Martínez de Hoz, reinterpretando
exactamente los mismos hechos y pruebas que la Cámara Federal más de dos décadas
atrás había considerado que exculpaban al ex–ministro. Así, entre otras garantías, se
violó la prohibición de la doble persecución penal por un mismo hecho.
La acusación y la primera etapa (1985-1988)
En 1985, se acusó a Martínez de Hoz de haber participado en la detención de Federico y Miguel Gutheim, empresarios textiles que habían sido detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en noviembre de 1976 y liberados cinco meses después.
Según la acusación, la detención se realizó para forzar a los Gutheim a ceder ciertos cupos de exportación de algodón a favor de la empresa Dreyfus, y que se invocó como pretexto para ello un incumplimiento por los Gutheim de un contrato de exportación de algodón a Hong Kong.
La causa judicial tramitó en una primera etapa entre 1985 y 1988. En mayo de 1988, el juez federal Irurzun dictó la prisión preventiva y encarceló a Martínez de Hoz durante noventa días, hasta que la Cámara Federal revocó la prisión preventiva de Martínez de Hoz por considerarlo ajeno a los hechos.
La Cámara dijo en esta oportunidad:
“En resumen, no existe hasta el momento prueba indiciaria suficiente respecto a que Martínez de Hoz hubiera ordenado, pedido o sugerido la detención de los Gutheim. Las escasas presunciones aparecen como meras conjeturas y a ellas se oponen otras que lo desvinculan de tales medidas.
Tampoco la hay respecto a que el nombrado hubiera participado en alguna forma del propósito de hacerles pagar, entregar sumas de dinero o firmar documentos de índole patrimonial contra su voluntad durante el cautiverio. La sola presencia de un representante del Ministerio de Economía en las entrevistas no permite sostener tal extremo, habida cuenta que no se puede rechazar la ajenidad de esa cartera en lo tocante a las privaciones de libertad y, por imperio de la duda, cabe aceptar que ante el hecho consumado se limitó a enviar un delegado a los exclusivos fines que sostiene en su indagatoria. El propio Federico Gutheim, como se señaló dice que él solicitó la presencia de ese representante y las actas notariales corroboran el limitado papel que cumpliera.
Tal actitud dista mucho y es esencialmente diferente de la de quienes ordenaron las detenciones, las mantuvieron después de llegados al país los extranjeros y dispusieron los traslados para los acuerdos en tales condiciones.” (ver Pág 35 de la resolución de V.E. del 14/7/1988) (El subrayado está agregado).
La sentencia de la Cámara Federal de julio de 1988 concluyó que:
- Martínez de Hoz no firmó el decreto presidencial que dispuso la detención de los Sres. Gutheim, ni participó en esa decisión.
- Era falsa la imputación que la detención de los Sres. Gutheim se relacionara con traspaso de cupos de exportación de algodón a Dreyfus: esta empresa había dejado de comercializar algodón mucho antes de 1976, y además la acusación carecía de sentido porque el propio Ministro de Economía en esa época liberó las exportaciones de algodón.
- No existían pruebas que acreditaran que Martínez de Hoz participó en la decisión de detener a los Sres. Gutheim. Si bien durante un viaje a Oriente, Martínez de Hoz tomó conocimiento del incumplimiento contractual de los Sres. Gutheim que había causado problemas en Hong Kong, la evidencia confirma que esa información fue transmitida al gobierno por vía del cónsul argentino en Hong Kong vía la Cancillería. Dijo la Cámara:
“Ciertamente el consulado argentino en Hong Kong tuvo una activa participación en los sucesos, el que obviamente depende del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (ver testimonial de Di Fiori – fs.568- y declaración de Pazos – fs.557-). Las firmas de Hong Kong habrían actuado a través del consulado argentino.” (el subrayado es agregado).
- Respecto de la acusación de que durante su detención los Sres. Gutheim fueron forzados a negociar con la delegación de Hong Kong que viajó a Buenos Aires, quedó probado que la presencia de funcionarios de la Secretaría de Comercio Exterior fue pedida por los Sres. Gutheim; que estos se limitaron a garantizar que no sufrieran presiones y que se abstuvieran de intervenir; que los Sres. Gutheim eligieron el lugar de la reunión (sus oficinas); y fueron acompañados por su abogado y escribano que dejó constancia en autos de lo ocurrido y confirmó la ausencia de presiones. De hecho los Sres. Gutheim no llegaron a acuerdo alguno con la delegación de Hong Kong que visitó Buenos Aires. Dijo la Cámara:
“Se toma en cuenta también el hecho de que en todas las reuniones llevadas a cabo por los Gutheim con los integrantes de la delegación, asistieron “altos representantes del Ministerio de Economía”, a saber: Pazos (Sub secretario) y Vega (representante de aquél). Sobre el particular es importante volver a hacer alusión a las funciones y costumbres que la Secretaría de Comercio tenía en participar e intervenir en este tipo de operaciones con el objeto que ya se mencionó, y con la importancia que tenía el caso en análisis y las repercusiones que aparejaría para el comercio exterior (en este caso relacionado con el Lejano Oriente y China Continental). Además, si se ve que en el caso, por el hecho de que los Gutheim estuvieran privados de su libertad, la cartera económica había tenido la necesidad de intervenir para permitir que las tratativas se llevasen a cabo, no sorprende la intervención de los funcionarios, los que solo se limitaron a exhortar al arreglo y “abrir el acto”, sin intervenir en las negociaciones propiamente dichas, de las cuales se retiraron. Solo Vega permaneció en el Acta N°4, a pedido de Gutheim (ver acta 4) “Sobre este aspecto debe volver a señalarse la declaración de Fraguío de fs.207 quien luego de expresar las preocupaciones que tenía de que los Gutheim no sufrieran ningún tipo de presión en las negociaciones que habrían de llevar a cabo, refirió haberle indicado a Pazos que vigilara “que los Gutheim no fueran presionados bajo ningún concepto y se sintieran libres de negociar”. A fs.697 Federico Gutheim declara que en las reuniones se encontraba presente un funcionario público a pedido expreso del declarante, además de su abogado, un notario de su elección y en igual condición una traductora. Según acta N°3 y declaraciones del escribano Oks (fs.21/22), la actuación de los funcionarios se limitó a posibilitar las reuniones e invitar a una conciliación “sin abrir juicio”. Esto condice con lo dicho por Pazos en sus respectivas deposiciones (fs.557). Según actas 1, 2 y 3 los funcionarios se retiraron una vez iniciadas las negociaciones.
Debe agregarse y tenerse especialmente presente, dado su significado, el agradecimiento del cual quedara constancia en el acta 3° por parte de Gutheim en favor del Gobierno por permitir que las tratativas se llevasen a cabo (El subrayado es agregado).
La segunda etapa (1988-1989)
Con el categórico fallo de la Cámara Federal, el juez actuante debió absolver a Martínez de Hoz de inmediato y dictar el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, prolongó la causa y la investigación con resultado negativo: no apareció ningún hecho o prueba nueva que modificara las conclusiones de la Cámara Federal.
En 1989 se produce el cambio de gobierno y terminó el período del Presidente Alfonsín que fue reemplazado por el Presidente Menem. En el año 1990, éste decidió el indulto de los jefes militares acusados de violaciones de derechos humanos, como asimismo de los integrantes de los grupos terroristas ERP y Montoneros. Como en la misma causa judicial sobre el caso Gutheim estaban también acusados el ex-Presidente Videla y el ex-ministro del Interior Harguindeguy cuya prisión preventiva no había sido revocada por la Cámara Federal en julio de 1988, el Presidente Menem decretó un indulto que alcanzaba a todos los imputados, incluso Martínez de Hoz. Este escribió una nota y una carta a los diarios quejándose, ya que no necesitaba un indulto con el categórico fallo de la Cámara Federal que lo había declarado “ajeno” a los hechos. Sin embargo, el indulto no es rechazable y entonces se cerró el expediente.
La tercera etapa (2006 en adelante)
El 24 de marzo del 2006, en un discurso pronunciado en el Congreso con motivo del 30 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Presidente Néstor Kirchner pidió el encarcelamiento de Martínez de Hoz. Horas después, grupos de manifestantes atacaron su casa ante la inacción de la policía. A los pocos días, el Juez Oyarbide reabrió la causa, y al poco tiempo anuló el indulto. Para obviar la prescripción de la acción penal, ya que habían pasado 30 años desde los hechos y 18 años desde el fallo exculpatorio de la Cámara Federal de 1988, el juez Oyarbide calificó los hechos como delitos de lesa humanidad imprescriptibles. Ello, a pesar de que los Sres. Gutheim nunca estuvieron desaparecidos, ni alegaron torturas u otros apremios. Además, aunque pudiera cuestionarse su razonabilidad, la detención a disposición del Poder Ejecutivo era un mecanismo previsto en la Constitución Nacional aún antes del gobierno militar, que fue utilizado incluso por gobiernos democráticos como el del Presidente Alfonsín.
La Cámara Federal (con diferente integración) y la Corte Suprema confirmaron la anulación del indulto de Martínez de Hoz.
Aún así, lo que hubiera correspondido en todo caso es que la causa judicial se retrotrajera a la actuación anterior al indulto.
Estando firme el fallo de la Cámara Federal de 1988, correspondía a lo sumo volver a investigar para determinar si había hechos nuevos que acreditaran la culpabilidad de Martínez de Hoz. En lugar de ello, apenas cinco días desde que el expediente bajara de la Corte Suprema (luego de confirmar la anulación del indulto), el Juez Oyarbide sin ningún nuevo elemento o prueba, y simplemente en base a reinterpretar los mismos hechos y pruebas existentes en el expediente que antes habían conducido a concluir que Martínez de Hoz era “ajeno”, el 4 de mayo del 2010 dispuso su prisión preventiva efectiva recalificando arbitrariamente los hechos como de lesa humanidad.
Martínez de Hoz, a la sazón con 84 años, fue arrancado ese mismo día de su domicilio gravemente enfermo, en una camilla y ambulancia, en el contexto de un operativo mediático aparatoso. Dada su condición quedó internado en una clínica. Pero a menos de veinte días, ignorando la ley que otorga a las personas mayores de 70 años el derecho a la detención domiciliaria, contra la indicación expresa de los médicos y en vísperas de una intervención quirúrgica, y con el afán de exhibir el encarcelamiento de Martínez de Hoz como un “trofeo” para el Bicentenario (25 de mayo de 2010), el día 20 de mayo del 2010 el Juez Oyarbide ordenó su traslado de la clínica donde estaba internado a la unidad penitenciaria de Ezeiza. Se interpuso un hábeas corpus, y ante la gravedad de su situación de salud, un juez designado por sorteo a cargo del hábeas corpus ordenó su restitución inmediata a la clínica, el día 21 de mayo de 2010. Oyarbide se había negado días antes a visitar a Martínez de Hoz en la clínica para comprobar su delicado estado de salud.
En julio del 2010, Martínez de Hoz deja la clínica y es trasladado a su casa donde cumplió prisión domiciliaria hasta su muerte el 15 de marzo de 2013.
En el interín, no obstante haber estado detenido por un tiempo mayor al límite legal de 2 años, y de no constituir un riesgo de fuga (en razón de su edad, estado de salud y antecedentes), se le negó su libertad.
Pocas veces se ha visto una acumulación de tantas arbitrariedades y ensañamiento, lo que es agravado por comentarios públicos de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y el Ministro de Justicia Alak quejándose de la prisión domiciliaria de Martínez de Hoz.
Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Debido a esa situación, el 19 de diciembre de 2012 se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tramita con el número P 2319-12. En esta denuncia se planteó la grosera violación a los derechos fundamentales que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos a raíz de que su prisión preventiva dictada en Mayo de 2010:
- Viola la garantía contra el doble juzgamiento y doble persecución penal (artículo 8.4)
- Viola el derecho de defensa en juicio por haberse recalificado los mismos hechos retroactivamente como delitos de lesa humanidad en forma forzada, al solo fin de impedir la prescripción de la acción penal (artículo 8.2 (b) y (c))
- Prolongación de la detención por un tiempo mayor al razonable, en el contexto de un proceso exorbitantemente prolongado -más de 28 años- (artículo 8.1)
- Ensañamiento y crueldad (artículo5.2)
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Otra fábula contra Martínez de Hoz:
En el año 2008, el Secretario de Derechos Humanos Luis Eduardo Duhalde acusó a Martínez de Hoz por la desaparición de Juan Casariego de Bel, un funcionario de carrera del Ministerio de Economía que fue secuestrado en noviembre de 1976. El móvil invocado fue que Casariego de Bel se habría opuesto al traspaso de la compañía Italo Argentino de Electricidad al Estado Ver Caso Italo
Sin embargo, se ha probado que:
- El Ministerio de Economía no participó de las negociaciones relacionadas con el acuerdo para el traspaso de dicha compañía al Estado pues Martínez de Hoz se había excusado de intervenir en ese tema al asumir como ministro.
- En la época en que fue secuestrado Casariego de Bel no había ninguna propuesta concreta referida a ese traspaso, de modo que tampoco había nada sobre el cual dictaminar.
- Martínez de Hoz no conocía ni tenía trato o relación funcional con Casariego de Bel.
- Martínez de Hoz fue sobreseído definitivamente en la causa “Italo”.
- Las actuaciones en otro caso judicial indican que Casariego de Bel fue apresado por integrantes del Batallón 601 de Inteligencia como consecuencia de que un integrante del grupo terrorista ERP-PRT lo expuso a aquél como un informante de esa organización en el aparato estatal. (Causa 8786/00)
De hecho, uno de los miembros de ese Batallón, Héctor P. Vergez, fue condenado como responsable del secuestro de Casariego Bel el 13 de febrero de 2013. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, el 14 de noviembre de 2016, con lo cual el nombre de José Alfredo Martínez de Hoz quedó definitivamente desvinculado de cualquier sospecha, supuesto que alguna vez la hubiera habido seriamente. Lamentablemente, la conclusión llegó más de tres años después del fallecimiento del ex ministro de Economía; demasiado tarde para reparar moralmente el daño de tantas injurias.
De modo que no existe relación alguna entre el secuestro de Juan Casariego de Bel y el caso “Italo” o Martínez de Hoz
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El uso de los derechos humanos para apoyar reclamos económicos contra el Estado:
Por vía de un total falseamiento de los hechos Eduardo Saiegh intenta
victimizarse para cobrar un millonario reclamo contra el Estado con ayuda del
ex-Secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde
En febrero del 2009, Eduardo Ezra Saiegh, inició una causa judicial contra Martínez de Hoz y Alejandro Reynal, ex–Vicepresidente del Banco Central durante su gestión ministerial. Previo al inicio de la denuncia penal, Eduardo Saiegh venía de sufrir un fracaso en su reclamo por US$ 50 millones al Estado Nacional alegando la responsabilidad del Banco Central por la caída del Banco Latinoamericano en 1980. Por Resolución del Ministerio de Economía 477 del 8 de octubre del 2008 (luego ratificado por Decreto 757/10 firmado por la Presidente Fernández de Kirchner) se rechazó su planteo.
Entonces, el Sr. Saiegh ensaya una nueva táctica: dice ahora, 30 años después, que en noviembre de 1980 fue secuestrado por fuerzas para-policiales y torturado, por ser “judío y peronista”, y que Martínez de Hoz y Reynal fueron los instigadores. Sorprendentemente, la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Luis Eduardo Duhalde, respaldó judicialmente esta aventura destinada a cobrar una compensación del Estado, no obstante las decisiones emitidas en 2008 y 2010 por el propio Ministerio de Economía y la Presidente rechazando, respectivamente, los reclamos de Saiegh.
Para abrir la nueva causa y eludir la prescripción de la acción penal se recurrió otra vez a la figura de los delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, las constancias obrantes en actuaciones judiciales antiguas desenmascaran las maniobras de Saiegh:
- Saiegh no fue detenido por fuerzas para-policiales, sino por la División Bancos de la Policía Federal en virtud de una orden judicial en el marco de una causa penal por fraude (causa 9530/81).
- Tampoco estuvo desaparecido, sino a disposición del juez actuante, en la División Bancos de la Policía Federal ubicado en dependencias del Banco de la Nación Argentina (causa 9530/81).
- Saiegh no fue torturado, como surge de las declaraciones y la presencia de éste ante el Secretario del Juzgado actuante, Dr. Osvaldo Gerome (causas 8984/81 y 9530/81).
- Su excarcelación fue dispuesta por el juez actuante como surge de las causas citadas, actualmente archivadas en el Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Nº 3, Número de Archivo 13.291/81.
- Según reconoce el mismo Saiegh en su declaración judicial al ratificar la denuncia contra Martínez de Hoz que abrió la nueva causa penal, esta fue la primera vez en 30 años (desde 1983 cuando retornó la democracia en Argentina) que denunció esos hechos de detención ilegal y tortura.
- Increíblemente, al preguntarle el juez a Saigeh cuáles eran las pruebas acerca del plan supuestamente urdido por Martínez de Hoz y Reynal para su privación de libertad, dijo que surgían de la amistad de Martínez de Hoz con el Gral. Harguindeguy ya que cazaban juntos, y que un supuesto amigo de este último se habría beneficiado con la detención de Saigeh al haberse frustrado una operación comercial que quería realizar Saiegh antes de ser detenido No se mencionó ninguna prueba específica..
- Saiegh también alega que se lo detuvo para permitir de esa manera la estatización de Austral Líneas Aéreas (ver caso Austral) ya que afirma las acciones de esa empresa se encontraban depositadas en garantía en el Banco Latinoamericano.
Sin embargo, la imputación carece del más mínimo sustento pues:
- La estatización de Austral ocurrió en septiembre de 1980, es decir más de un mes y medio antes de la detención de Saiegh.
- El Banco Latinoamericano no era accionista de Austral; y
- Aún asumiendo la existencia de esa garantía accionaria el lugar físico del depósito de las acciones de Austral en nada impedía el traspaso al Estado que acordaron sus titulares.
El caso estaba a cargo del juez federal Rafecas, pero éste fue desplazado en el año 2011 y quedó a cargo de la causa el juez Oyarbide. La causa fue recientemente derivada a otro juez federal (Servini de Cubría).
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Entre las múltiples casos judiciales abiertos durante el régimen del matrimonio Kirchner con el fin de perseguir a Martínez de Hoz, hubo uno que cumplía un doble propósito: el hostigamiento demagógico contra el ex ministro mediante acusaciones sensacionalistas que encubrieran la corrupción del gobierno de Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Elisabeth Fernández, por un lado; y por otro, el de acorralar a los principales diarios del país y lograr así su silencio y/o sometimiento.
Con ese fin, el 31 de agosto de 2010, la presidente Cristina Kirchner firmó un decreto por el que instó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a abrir una investigación judicial y constituirse en querellante por una supuesta maniobra que habría permitido a los diarios Clarín y La Nación la adquisición de la empresa Papel Prensa, dedicada a la producción de papel para diarios en el año [1976].
El informe que la propia presidente hizo elaborar al efecto, afirma falsamente que los diarios Clarín, La Nación y La Razón, así como el Estado Nacional, habían adquirido las acciones de Papel Prensa, que estaban en manos de los herederos de David Graiver, mediante presiones y maquinaciones que según ella habían ejercido por medio del Ministerio de Economía, encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz.
La sociedad Papel Prensa había sido creada en 1971, durante un gobierno militar anterior, presidido en ese entonces por el general Alejandro Agustín Lanusse. Papel Prensa fue constituida por inversores privados, entre los cuales se encontraba la Editorial Abril, pocos años más tarde adquirida por la logia italiana Propaganda Due.
La compañía recibió del gobierno del gobierno argentino una concesión directa para asociarse con el Estado en la instalación de una fábrica de papel.
En 1973, las acciones de la empresa pertenecientes a los privados fueron vendidas a Luis Rey y Rafael Ianover, testaferros del financista David Graiver, famoso por haber sido el banquero de la organización terrorista Montoneros y acusado en los Estados Unidos por un fiscal federal por la quiebra fraudulenta del banco American Bank & Trust. En los bancos manejados por Graiver, Montoneros había depositado parte de los 60 millones de dólares obtenidos por el rescate de los empresarios Born secuestrados por esa organización terrorista.
Con posterioridad Luis Rey y Rafael Ianover, transfirieron sus acciones en Papel Prensa a David Graiver.
David Graiver murió en 1976 en un accidente de aviación, durante un vuelo entre Estados Unidos y México, y su familia vendió las acciones que poseía de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón para enfrentar la crisis financiera que sobrevino al grupo Graiver después de la muerte de su cabeza
En 1977, varios meses después de vendida Papel Prensa a los diarios La Nación, Clarín y La Razón, salieron a la luz las relaciones de Graiver con la organización Montoneros, y los bienes de los Graiver fueron interdictos.
Tras la retirada del gobierno militar en 1983, pasaron los gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín, que enjuició a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Carlos Saúl Menem y el interinato de Eduardo Duhalde. Durante esos 18 años, la familia Graiver nunca realizó acusaciones acerca de una venta forzada de Papel Prensa. Sin embargo, en 2010, a instancias de los Kirchner, comenzaron a realizar declaraciones en tal sentido, lo que permitió a la presidente Cristina Fernández montar una nueva causa judicial, con el correspondiente show mediático que acompañaba a todas esas falsas investigaciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
En diciembre de 2016, ya con el kirchnerismo fuera del poder por haber perdido las elecciones en octubre de 2015, el juez federal Julián Ercolini, nombrado en 2004 por el propio gobierno de los Kirchner, dictó una sentencia de 138 páginas en la que reconoció que la compra de las acciones de Papel Prensa, 40 años antes, no había constituido delito alguno. El juez aportó, entre sus fundamentos y pruebas, que la venta había ocurrido con anterioridad a la interdicción de los bienes del Grupo Graiver y el arresto de varios de los integrantes de la familia del ex – financista David Graiver, que se había realizado a un precio razonable para la época y las circunstancias económicas del grupo, que la motivación de la familia Graiver para vender derivó del descalabro en el que había quedado el conglomerado económico tras la repentina muerte de David Graiver, lo cual determinó no sólo la venta de Papel Prensa sino la de otras sociedades del holding, y que los vendedores no sufrieron presiones para vender.
David Graiver era el principal accionista y CEO del American Bank & Trust, de Nueva York. Un año antes de su muerte, el superintendente de Bancos del Estado de NY, John Heinmann, había prevenido sobre una serie de transacciones ilegales que finalmente llevaron a la quiebra a la institución, que fue la cuarta bancarrota más grande de un banco en los Estados Unidos, según el mismo funcionario.
De acuerdo con los investigadores, desaparecieron más de 18 millones de dólares del AB&T, perdidos en un laberinto de falsas transacciones.
El fiscal de la causa, Robert Morgenthau, acusó a cuatro directores del banco y al propio David Graiver -de quien sostuvo que algunas evidencias indicaban que seguía vivo- por la quiebra fraudulenta de la institución.
Según la acusación, buena parte de las transferencias fueron destinadas a ayudar al Banque pour L'Amerique du Sud, con asiento en Bruselas y también propiedad de los Graiver. Desde allí, por medio de complejas transacciones con compañías fantasmas, 40 millones habrían ido a parar a manos de la familia Graiver, lo cual determinó también la quiebra del banco belga
Como en otros casos, el ex–miembro José Alfredo Martínez de Hoz murió antes que la la justicia, revelara la verdad sobre la historia que los Kirchner habían fabricado.
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Gutheim
